Desde comienzos del 2020, cuando se desató mundialmente la pandemia por
el coronavirus (COVID-19), se han generado diversos impactos con enormes
desafíos para los diferentes sectores y ámbitos de la sociedad. El sector
Educación se vio enormemente afectado por el cierre de las escuelas en casi
todo el mundo y los sistemas educativos tuvieron que adecuarse, en diversos
aspectos, para continuar el servicio en el nuevo contexto. En nuestro país, el
inicio del año escolar, programado para el 16 de marzo del 2020, se retrasó
hasta el 6 de abril. Cuando se comenzó a brindar el servicio se hizo bajo la
modalidad a distancia, dispuesta en la RM N° 160-2020-MINEDU, a fin de asegurar
la continuidad educativa de las y los estudiantes. A pesar de los esfuerzos
realizados por llevar el servicio educativo a todos los/las estudiantes, según
la encuesta de Semáforo Escuela Remoto, el 10% de instituciones educativas
(IIEE) públicas no habrían accedido a Aprendo en casa (AeC) por ninguno de sus
medios de transmisión.
Asimismo, según el sistema Alerta Escuela, el 3% de estudiantes
interrumpió el servicio educativo y el 5% tiene una alta posibilidad de riesgo
de abandonar sus estudios. Asimismo, en otros casos, los/las estudiantes
lograron acceder, pero no lograron avanzar en el desarrollo de las competencias
establecidas. Esta situación ha generado un incremento de muchas de las brechas
preexistentes en cuanto el acceso, el rendimiento y las oportunidades de
aprendizaje, es decir, se ha exacerbado la inequidad en el servicio educativo.
La escuela tiene un rol esencial en el desarrollo de todos los seres humanos. Es su responsabilidad brindar un ambiente seguro a los/las estudiantes en el que pueden socializar, aprender y encontrar soporte emocional, y darles la oportunidad de desarrollar las competencias que les ayudarán a desenvolverse a lo largo de la vida. En este sentido, mantener el cierre de las escuelas tiene diversas consecuencias negativas en los/las estudiantes con relación a sus aprendizajes y su desarrollo socioemocional.
Esta situación puede llevar, además, al aumento de la deserción escolar
y a una mayor profundización de la inequidad y de la segregación, lo que afecta
el proyecto de vida de los estudiantes, y tiene consecuencias sociales y
económicas en el largo plazo. Por otro lado, la evidencia establece que la
reapertura de las escuelas no significa necesariamente una amenaza. Diversos
estudios señalan que los niños tienen tasas más bajas de infección. Además, los
niños suelen ser asintomáticos o tener síntomas leves, y en el caso de los
niños de primaria son poco transmisores de la COVID-19. De esta manera, se
podría concluir que la reapertura de las instituciones educativas resulta la
medida más eficaz para reducir deserción, brindar espacio seguro, paliar el efecto
negativo en el logro de aprendizaje y reducir brecha de inequidad entre
aquellos que tienen y no tienen acceso a tecnología o conectividad
1. De acuerdo con las cifras del monitoreo global de cierres de escuelas causados por la COVID-19, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 2, de 210 países que reportaron información en el mes de noviembre del 2020, 121 países habían abierto sus colegios totalmente, 57 parcialmente, 31 mantenían cerrados sus sistemas educativos y un país presentaba un cierre estacional.
En el caso del Perú, a través de la RM N° 430-2020-MINEDU, se logró la
prestación excepcional del servicio educativo semipresencial de instituciones
educativas ubicadas en el ámbito rural, en el marco del estado de emergencia
nacional y la emergencia sanitaria para la prevención y control de la COVID-19.
Así, se logró que algunas escuelas de estas áreas adoptaran una forma de
servicio semipresencial en el 2020 con la intención de que sus estudiantes
pudieran acceder al servicio educativo, ya que en muchos casos no contaban con
recursos o medios que les permitieran llevar una educación a distancia. En el
último trimestre de ese año se registraron 35901 estudiantes peruanos de zonas rurales,
pertenecientes a 832 IIEE, que volvieron a clases con algún grado de
presencialidad. Esta experiencia refuerza la necesidad de generar una normativa
flexible que permita a la comunidad atender a su población de manera
diferenciada para que todos los/las estudiantes tengan igualdad de
oportunidades para aprender, cuidando las condiciones de contexto, de
bioseguridad y sociales.
En ese sentido, para el 2021, se propone que el proceso de reapertura se
realice de manera: (i) segura, cumpliendo con todas las medidas sanitarias,
epidemiológicas y los protocolos de prevención de bioseguridad necesarios; (ii)
flexible, adaptándose a las características del contexto; (iii) gradual,
transitando del servicio a distancia al presencial, y viceversa en caso de que
sea necesario y de acuerdo con las condiciones epidemiológicas; y (iv)
voluntaria, ya que el retorno a lo presencial es una decisión de las familias y
la comunidad educativa.
Dadas las condiciones del contexto epidemiológico actual, en el primer
mes del año escolar 2021, todas las IIEE o programas educativos del país
operarán el servicio educativo a distancia hasta que el Ministerio de Educación
(Minedu) informe el inicio del retorno a clases con algún grado de
presencialidad, a través de su Portal Institucional. Una vez que ello suceda,
se identificará a aquellas IIEE aptas para brindar el servicio educativo con
algún grado de presencialidad. Se considerará para ello una serie de
condiciones de contexto (territoriales y epidemiológicas), condiciones de
bioseguridad en la institución educativa (IE) y condiciones sociales, las que
han sido consultadas previamente con expertos en el tema y validadas con el
Ministerio de Salud (Minsa), ente rector en materia de salud a nivel nacional.
Asimismo, el retorno a la presencialidad será escalonado y gradual y operará a
través de tres etapas conforme las condiciones epidemiológicas y de contexto lo
vayan permitiendo. Estas etapas permitirán que la apertura de las IIEE o
programas educativos empiece desde las que se ubican en los distritos más
rurales y con menores requerimientos de movilidad estudiantil hacia aquellas
que se ubican en distritos más urbanos y con mayor movilidad estudiantil.
Finalmente, el cumplimiento de estas condiciones será monitoreado continuamente
a través del Sistema de Seguimiento y Alerta para el Retorno Seguro (SARES),
que el Minedu pondrá a disposición de la ciudadanía.
Durante el proceso de construcción se tuvieron diversos espacios de
consulta con toda la comunidad educativa, incluidas familias, docentes,
directivos, especialistas de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), y de expertos en epidemiología del
Minsa. En un primer momento se recogieron las experiencias de las IIEE o
programas educativos que trabajaron bajo el tipo de servicio presencial o
semipresencial durante el 2020 para conocer las lecciones aprendidas. Con esto,
la primera versión del documento fue puesta a consulta con diversos actores de
la comunidad educativa. Sus aportes resultaron de gran relevancia y fueron
incorporados a la versión final. Por último, luego de su publicación, se
seguirá trabajando de manera conjunta para lograr su óptima implementación.
